Ágora UCM Senior

No deja de ser patético el esfuerzo de alteración y apropiación del lenguaje para, sutilmente, edulcorar algunas actuaciones con eufemismos que buscan encubrir el verdadero objetivo que se persigue.

Tenemos un ejemplo reciente, de los muchos que hay, con la reforma de las pensiones que se nos está proponiendo. Bajo los pretenciosos y rimbombantes eufemismos de: "factor de equidad intergeneracional" (ahora, "factor de sostenibilidad") y "factor de revalorización anual" (ahora, “índice de revalorización de las pensiones”); el objetivo, dice el Gobierno, es garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Sin embargo, la realidad es otra. Faltan las cuentas y sobran muchos cuentos; falta claridad y pedagogía y sobra mucha retórica engañosa. El nuevo diseño de pensiones anunciado, que se pretende imponer, más recortes en un contexto de recortes brutales del denominado Estado de bienestar, no persigue sino dos objetivos muy distintos a lo que se dice públicamente. En la práctica, por un lado, se busca debilitar (con la excusa de la crisis) el pilar redistributivo de nuestra política fiscal (menor gasto en educación, sanidad, pensiones, dependientes...). Por otro, es una operación para potenciar los seguros privados de pensiones, en lo que no deja de ser un paso más, en la conocida estrategia global que se viene desarrollando, de transferencia de los recursos públicos al sector privado.

Veamos. Se dice, por parte del Gobierno y expertos ad hoc, que las soluciones propuestas son la respuesta a las dificultades del sistema. Sin embargo, como manifiesta el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga (miembro de la Comisión de Expertos que votó en contra del informe de estos expertos), “la reforma debería plantearse con más tranquilidad, observando los efectos sobre la sostenibilidad financiera derivados de la aplicación de la Ley 27/2011”. Igualmente, afirma el profesor Ruesga, “la reforma no debe pivotar en el recorte adicional a las pensiones medias sino otras actuaciones que fundamentalmente supusiera aumento de los recursos destinados al pago de las pensiones”.

El Gobierno, en ese afán de vender su mercancía, dice que su propuesta ha sido moderada respecto al Informe de Expertos, que en su día levantó un clamor de críticas (ojo al dato: 8 de los 12 supuestos ‘sabios’ de las pensiones están vinculados a entidades financieras o a la patronal de seguros). Sin embargo, la propuesta de la Ministra de Empleo y SS no se aparta un milímetro de lo dicho por sus expertos, excepto en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que los expertos proponían que entrara en vigor en 2014 y el Gobierno plantea en 2019.

No deja de ser curioso que las respuestas se den sin distinguir si los problemas son coyunturales o de medio y largo plazo, algo que no es baladí; y que, igualmente, las soluciones que se dan, en cualquier caso, sean las mismas: rebajar las pensiones (bien por la pérdida de poder adquisitivo, bien reduciendo el importe de la pensión).

Es evidente que hay un problema coyuntural, ligado al ciclo o coyuntura económica: el que está suponiendo la caída en el ingreso de las cotizaciones (por la crisis y la caída de empleo) y un mayor gasto derivado de las pensiones actuales y las nuevas (efecto sustitución). Pero, precisamente, para eso estaba (y está) el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente tiene 60.000 millones de euros. Acaso no se nos dijo, por activa y por pasiva, que: el ahorro de los años de bonanza servirían para garantizar el pago de las pensiones en momento de coyuntura desfavorable. En esa estamos, ¿no?

Pues bien, veamos la primera engañifa. Se nos dice que la reforma del Gobierno generará un ahorro de casi 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Y se supone que, con ese menor coste o ahorro de 33.000 millones, las pensiones están garantizadas, se soluciona el problema. Es decir, tenemos que pensar que de aquí a 2022 el sistema de pensiones no puede soportar un sobrecoste de 33.000 millones (ojo, el coste al sistema bancario, que pagaremos todos, es de 38.000 m€). Pues, si ese es el problema, ¿ por qué no utilizamos la mitad del Fondo de Reserva, que para eso está? Es más, ¿no se nos dice que ya se ve la luz del túnel, que estamos saliendo de la recesión y que se va a empezar a crear empleo? Si es cierto, como dice el Gobierno, en los próximos años recuperaríamos nuestro nivel empleo y, por tanto, de ingresos, y el sistema no se resentiría.

Hay una paradoja que no deja de tener su no sé qué y su qué sé yo. Con una reforma (de las pensiones) se sustrae a los pensionistas 33.000 millones de euros, y con otra reforma (sector eléctrico) se les regala 27.000 m€ a las empresas eléctricas.

Otra cuestión, diferente, es dar respuesta a los problemas estructurales derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado y la mayor esperanza de vida. Nadie habla de que hace dos años se aprobó una reforma de las pensiones, Ley 27/2011, fruto de un acuerdo con los interlocutores sociales que, precisamente, para atajar esos problemas, alargó la edad de jubilación y contemplaba el factor de sostenibilidad en 2027 (la fecha no era caprichosa, es el momento en el que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación “baby boom”). Además, con otros parámetros distintos de lo aconsejado por los expertos del Gobierno.

Con las medidas ya introducidas en la ley 27/2011, en 35 años el gasto en pensiones en España llegará al 13% del PIB, niveles similares a la media europea actual o países como Alemania, Italia, Francia. Mientras que la recaudación actual del sistema está en torno al 10%. Luego, si dentro de treinta años gastaremos lo mismo que ya están gastando países como Alemania o Francia, no es que seamos unos derrochadores. Sin embargo, es cierto que, de no aumentar los ingresos por cotizaciones (con más empleo), habría un desfase de ingresos y gastos, pero que no necesariamente la solución debe venir sólo por la vía del gasto sino del ingreso.

Como se ha hecho otras veces, con la sanidad o con las pensiones mínimas, habrá que explorar otras opciones y también la mayor aportación del Estado. Pues, el problema no es tanto de gasto como de ingresos fiscales.

Pero claro, lo anterior, choca con la estrategia de quienes interesadamente aprovechan los momentos de crisis como coartada para recortar derechos y quebrar la política redistributiva (donde los derechos se pretende sustituirlos por la caridad) y, en consecuencia, así pagar menos impuestos. Y no es la clase media, cada vez más castigada y deteriorada, los beneficiarios. Son los más ricos, y nos entendemos, aquellos que por ideología piden menos impuestos destinados al sostenimiento del Estado de bienestar, y que buscan hacer negocio con las privatizaciones y los fondos de pensiones.

Por eso, detrás de ciertos eufemismos y fórmulas matemáticas de expertos (al servicio de la cosa) lo que se pretende es un cambio de modelo. En el caso de las pensiones, un cambio en el modelo público de la Seguridad Social que recorta pensiones y derechos y libera espacio al lucrativo negocio de las pensiones privadas.

Dice el profesor Ruesga, sobre resultado de la reforma en pensiones que se propone: “El valor real de la pensión tenderá a disminuir. Particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación”. Y añade: “Y la tasa de sustitución de la pensión (relación porcentual entre la cuantía de esta y la del salario que se cobraba antes de ser pensionista) disminuirá gradualmente por el efecto conjunto de la aplicación de ambos mecanismos (que se quieren adoptar)”

En definitiva, eufemismos que, en lugar de suavizar, engañan directamente; dudas de constitucionalidad sobre medidas que no contemplan actualizar las pensiones (y cuya recuperación de poder adquisitivo puede estar por encima de la propia expectativa de vida del pensionista); y solidaridad invertida: salen beneficiados los que más tienen a costa de los más débiles.

Otra paradoja. Se recortan gastos en educación, sanidad, dependencia, pensiones, etc, mientras que se regalan (como a la banca y las eléctricas) millones de euros para potenciar las pensiones privadas. Solo en el ejercicio 2013 están presupuestados 1.112 millones de euros, por reducción de ingresos en el IRPF (6.650 millones acumulados desde 2008).

Da qué pensar ¿Verdad?